CCOO en País Valencià, UGT y CSIF registraron, el 20 de febrero, un escrito en el que solicitan la constitución de una mesa de negociación tripartita, ya que "la aplicación de la reforma local a espaldas de ayuntamientos y de la representación sindical solo traerá más conflicto".
Desde un principio han defendido una reforma que contemplara, no solo la consolidación de las competencias municipales, sino una financiación suficiente. No obstante, consideran que la obligación sindical es la de participar en el desarrollo de la ley y en su aplicación, con objeto de garantizar el mantenimiento de los servicios públicos, así como el empleo y, sobre todo, minimizar los efectos hacia la ciudadanía.
La nueva normativa establece la pérdida de competencias complementarias que venían desarrollando los ayuntamientos, así como distintos plazos de asunción autonómica de competencias en materias relativas a educación, sanidad, servicios sociales e inspección sanitaria, que hasta ahora venían prestando los municipios o diputaciones.
Es obligatorio que la Generalitat elabore un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios. Además, muchas de las decisiones que se deben adoptar afectan a la potestad de autoorganización de los ayuntamientos con repercusión directa sobre las condiciones de trabajo del personal a su servicio.
Sin embargo, la Administración autonómica ya está tomando decisiones en torno a las consecuencias y posibles derivaciones de la aplicación de la “contrarreforma local” sin contar ni con los municipios, ni con los agentes sociales. Prueba de ello es la Orden de subvenciones publicada el 7 de enero de 2014 que todos los años incluía a los ayuntamientos, y este año, tras la publicación de la Ley 27/2013, ya no lo ha hecho.
El artículo 37.2ª) del EBEP y el Artículo 154.3ª) de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana establecen que todo ello debe ser negociado con las organizaciones sindicales. La Generalitat ha denegado la petición sindical de constituir urgentemente una mesa de negociación a la que deberían sumarse la FVMP y los sindicatos. CSIF, CCOO y UGT denuncian que este incumplimiento de la obligatoriedad de negociar abona la opacidad y las arbitrariedades en la implantación de la norma.
La representación sindical califica la negativa de “jarro de agua fría que solo puede recibir la repulsa por parte del personal de las administraciones locales” y es por ello por lo que ha tenido lugar la concentración de protesta. En el escrito registrado se exige una Mesa de Negociación autonómica para la Administración Local que impida una aplicación arbitraria y garantice el diálogo en las decisiones que afectarán a la ciudadanía y a miles de profesionales.
La nueva normativa establece la pérdida de competencias complementarias que venían desarrollando los ayuntamientos, así como distintos plazos de asunción autonómica de competencias en materias relativas a educación, sanidad, servicios sociales e inspección sanitaria, que hasta ahora venían prestando los municipios o diputaciones.
Es obligatorio que la Generalitat elabore un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios. Además, muchas de las decisiones que se deben adoptar afectan a la potestad de autoorganización de los ayuntamientos con repercusión directa sobre las condiciones de trabajo del personal a su servicio.
Sin embargo, la Administración autonómica ya está tomando decisiones en torno a las consecuencias y posibles derivaciones de la aplicación de la “contrarreforma local” sin contar ni con los municipios, ni con los agentes sociales. Prueba de ello es la Orden de subvenciones publicada el 7 de enero de 2014 que todos los años incluía a los ayuntamientos, y este año, tras la publicación de la Ley 27/2013, ya no lo ha hecho.
El artículo 37.2ª) del EBEP y el Artículo 154.3ª) de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana establecen que todo ello debe ser negociado con las organizaciones sindicales. La Generalitat ha denegado la petición sindical de constituir urgentemente una mesa de negociación a la que deberían sumarse la FVMP y los sindicatos. CSIF, CCOO y UGT denuncian que este incumplimiento de la obligatoriedad de negociar abona la opacidad y las arbitrariedades en la implantación de la norma.
La representación sindical califica la negativa de “jarro de agua fría que solo puede recibir la repulsa por parte del personal de las administraciones locales” y es por ello por lo que ha tenido lugar la concentración de protesta. En el escrito registrado se exige una Mesa de Negociación autonómica para la Administración Local que impida una aplicación arbitraria y garantice el diálogo en las decisiones que afectarán a la ciudadanía y a miles de profesionales.
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